Vigésima delegación asturiana de verificación a los DDHH en Colombia.
Finalmente 15 personas conformaron la misión asturiana a los territorios colombianos, que, como las veces anteriores, abordaban la situación de los derechos de las personas, con prioridad en la preocupación por la seguridad e integridad de defensoras y activistas sociales, y con interlocución con el “alto gobierno” del país, así como nuestra Embajada en Bogotá y una de las Misiones de la ONU.
La 20ª delegación ha escuchado que las “desarmonías” mayores se producen cuando los jóvenes son reclutados militarmente, y de esos testimonios ha habido abundancia. Los asesinatos de Luis Eduardo Timaná en el Valle, y de Carmelina Yule, en el Cauca, marcan una línea fuerte en que los gobiernos propios y autoridades indígenas parecen ser el objetivo de los armados y sus aliados o promotores.
El día en que la delegación dormía en Santander de Quilichao ocurría otro atentado a un firmante de paz, Víctor Hugo Martínez. El “paseo de la muerte” al que se le sometió durante las horas en que ningún hospital se hacía cargo de su obligación de salvarle la vida puede ser emblemático de lo que ocurre a mucha población, y en particular de la estigmatización, abandono y discriminación que sufren las personas que firmaron y se acogieron al Acuerdo para la Paz, 443 de los cuales han sido asesinados, el último Carlos Garzón en Puerto Guzmán-Putumayo, zona también visitada el año pasado por la delegación asturiana.
Emblemática sigue siendo también la prisión específica en EE UU de Simón Trinidad, https://www.lne.es/gijon/2017/09/07/enrique-botero-agradece-interes-historico-19224909.html cuya libertad reclaman algunos sectores, pero que ningún gobierno ha puesto intención de demandar y gestionar, como asimismo los centenares de presos políticos a los que el Acuerdo de Paz mandataba liberar, lo que constituye otro de los incumplimientos que no estimulan otros procesos hacia la paz real, como el que se está llevando a cabo con el ELN.
Pareciera que todo lo contrario (o en distinta vía) supone el que haya avances muy significativos en el presupuesto para comprar tierras, la puesta de disposición de activos restituidos a las mafias, o el impulso a las zonas de reserva campesina ZRC, y entrega de algunas hectáreas específicas de antiguas fincas cañeras al movimiento indígena: supondrían medidas efectivas y visibles para desactivar el núcleo histórico de la guerra, la desigualdad en el campo, y un incentivo para poner en cumplimiento el Acuerdo para la Paz.
El gobierno progresista actual, que todavía no cumplió los 2 años, es confrontado y agredido en términos de trampas institucionales y tramitologías que impiden desarrollar sus propuestas, y tiene también en el Congreso una poderosa alianza en contra.
El uso perverso de la Procuradoría para apartar al Canciller, al Superintendente de Cajas de Compensación Familiar, y otras figuras clave del gobierno, en tanto que No utiliza sus miles de funcionarias-os para actuar de oficio ante claras dejaciones de funciones de la fuerza pública ante las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, que propiciarían, sí, salvar vidas, constituye una aberración anti democrática al servicio de la extrema derecha difícil de justificar.
La delegación astur y el programa de protección temporal que la sustenta recibieron un homenaje y placa en la sede de los petroleros organizados de Colombia (la USO, que propuso e impulsó en su día la creación de la petrolera estatal), por los 24 años de existencia del programa y por los 20 de las visitas (ininterrumpidas, incluso con pandemia “de virus y plomo”) de verificación.
La delegación, de carácter unitario y diverso de organizaciones, ha recorrido territorios del Cauca, del Valle del Cauca, de Caldas, del Tolima, de la provincia del Sumapaz, y de la capital Bogotá, con “audiencias” con muchas organizaciones y autoridades, ministerios, y entrevistas en medios de comunicación locales.
La vigésima delegación “ha cumplido” a cabalidad su misión, y mientras se elabora el informe preceptivo y este se presenta a las autoridades autonómicas, estatales y europeas, sigue recibiendo el agradecimiento de las organizaciones sociales, sindicales, populares, indígenas, negras, campesinas y las instituciones colombianas, por su labor sistemática, continuada y fraterna, en busca y apoyo de la Paz y los DD HH en los hermosos territorios de Colombia.
La delegación, ha escrito y ha dicho en sede de la ONIC que:
“Alentamos al gobierno nacional a persistir en la búsqueda de la Paz Total a pesar de las dificultades. Reconocemos su esfuerzo por cumplir el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado y las FARC y el renovado propósito del gobierno y del ELN por avanzar en los diálogos respondiendo al llamado de una población cansada de la guerra de la que sacan dividendos los sectores más reaccionarios de la sociedad.
Una conjunción de cabeza y corazón habría que poner para ello, porque en los territorios las violencias permanecen y algunos grupos se expanden, segando las vidas valiosas de líderes, de firmantes, de defensoras imprescindibles para construir en cada región la democracia de la gente.”
Correspondería que acá, en parlamentos autonómicos, estatales, europeos, se incentivaran las acciones “muy concretas” para arropar esa búsqueda de paz y protección de liderazgos.
Que Interparlamentarias y gobiernos pusieran energías y compromisos al servicio de una fraternidad institucional que impida retroceder o fracasar el impulso de paz del actual ejecutivo, amparado por millones de corazones y cabezas de toda Colombia.
Asesinato en Jamundí.
Cuando se cumplía una semana del término del recorrido de la 20 delegación asturiana en Colombia, se conocía del asesinato de un concejal de MAIS en Jamundí, Jhon Fredy Gil Franco, y otra masacre en Corinto.
Mais es un partido ligado al movimiento indígena, y Jamundí se encuentra en el Valle del Cauca, que ha formado parte del informe y presencia de la delegación astur de este año, lo mismo que el Cauca, en donde se ubica Corinto y donde la masacre número de 21 en lo que va de año se ha llevado por delante las vidas de 4 personas en una vivienda, entre ellas la del cantor popular José Sebastián Muñoz.
Otro cantor popular, Andrés Narváez, que estuvo protegido de forma temporal en Asturias, se llegó desde los Montes de María a Bogotá, para contribuir con su canto al reconocimiento y homenaje a la delegación asturiana por sus 20 misiones continuadas, y el gesto por sí mismo ya conlleva riesgos, debido a que Andrés sigue en alto grado de amenazas contra su vida por defender el territorio de la finca La Europa, que pretenden arrebatar fuerzas paramilitares.
Paramilitares actúan en los dos departamentos visitados y mencionados, Valle y Cauca, pero el dato más resaltante de los ratificados ya este año es que quienes están asesinando mayor número de líderes sociales ahora son grupos salidos de las “disidencias”, algunos que firmaron el Acuerdo para la Paz de 2016 pero que al no cumplirles el gobierno lo acordado volvieron al monte, y otros que no estaban conformes con lo que se iba a pactar: al faltarles la dirección política que sí que se acogió al Acuerdo, y al ligarse explícitamente a los negocios ilegales del narco, se han convertido en controladores del territorio para favorecer esos negocios, y han entrado en la espiral brutal de eliminar y asesinar a los líderes sociales que defienden la autonomía y derecho de las organizaciones a no adscribirse a ese control criminal.
Es una situación perversa y un deterioro de los diversos grupos armados, atomizados en cada departamento, que dejan en la indefensión a los liderazgos indígenas, negros, campesinos, populares, que no saben con quién interlocutar, o para dónde mirar, o a quien reportarse en cada municipio para poder ejercer sus responsabilidades en las juntas de acción comunal, en las comunidades indígenas, en los consejos comunitarios de las negritudes, o en cualquier iniciativa juvenil si esto les induce de manera natural a rechazar los reclutamientos de menores y jóvenes a los que los grupos armados (ahora sí todos paracos) involucran en la guerra sucia.
Nada extraño es, pues, que Jamundí tenga una cárcel con 5mil reclusos (algunos de los cuales desde dentro manejan temas sensibles del narcotráfico), ni que la enorme biodiversidad de Corinto, o las abundantes organizaciones, resguardos y autoridades indígenas que allí viven, se vean afectadas por el control armado, o que las autoridades de una de ellas, López Adentro, avisaran a la delegación asturiana que tenía que salir con rapidez, pues su guardia indígena había detectado que hombres armados de estos grupos de la disidencia criminal estaban acercándose al resguardo.
El río Cauca, que da nombre a estos dos departamentos, fue “saludado” por la delegación asturiana a sus orillas y junto a la activista de ddhh Aura Carabalí (que había estado protegida en Asturias) y sus escoltas armados, recordándose la cantidad ingente de cadáveres que en otros tiempos arrojaron allí los paramilitares de extrema derecha en incontables masacres (como la de Trujillo, cuyas víctimas sobrevivientes recibieron el Premio internacional DDHH del ayto de Siero), y cómo el segundo río más grande e importante de Colombia sigue siendo por el contrario fuente de vida, y esperanza en que la situación cambie (como prometió el actual gobierno) hacia otro estado de cosas en que las familias y comunidades puedan en paz vivir y construir el país sabroso que anunciaron.
Derechos de los Pueblos Indígenas 